-Contenidos de la reforma, incluidos los temas ambientales.
-Análisis de la situación político institucional. Tensiones.
-Procesos de desestabilización y acción política.
Conversamos con:
María Inés Zigarán, Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy- Coordinadora de la Comisión de Política Socioambiental de la Fundación Alem.
Pablo Baca, asesor legal de la Convención Constituyente.
Algunos puntos clave de las exposiciones:
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Lo que pasó en Jujuy no tuvo que ver con un reclamo legislativo, jurídico o constitucional.
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La violencia se dio en el contexto de un reclamo legítimo por la recomposición salarial docente. El gobierno logró avanzar con los docentes en esta negociación, por la vía institucional.
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Sin embargo, hoy el reclamo que continúa es -sin ningún fundamento extra- “Abajo la Constitución, arriba los derechos”.
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El artículo 67 establece el derecho a la paz social y a la convivencia democrática y pacífica. La violencia queda impedida en todo reclamo o manifestación de cualquier carácter, se impiden los cortes de calle, los cortes de ruta y la ocupación de edificios públicos.
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En Jujuy era una cuestión muy habitual no poder circular libremente por la provincia por los cortes. Había un sistema de anomia y desorden que imperaba y que ahora amenaza con regresar. En la administración anterior, en la Provincia de Jujuy se llegaron a tomar establecimientos públicos, incluidos escuelas y hospitales.
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La reforma establece otros avances que no están siendo tenidos en cuenta en la conversación pública: la jerarquización a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo y el Interés Superior del Niño, entre muchos otros.
