Buenos Aires, 22 de septiembre de 2022
Treinta años después, el kirchnerismo pretende reeditar la decisión que marcó la mayor degradación institucional de la Corte Suprema en toda su historia: la ampliación del número de sus integrantes para formar una mayoría automática adicta al gobierno.
Un gobierno que fracasa en todos los planos: no puede bajar la inflación hoy cercana al 100% anual y del 220 por ciento desde que asumió, con niveles récord de pobreza e indigencia, que tuvo cierre récord de aulas, que retrocede en educación y salud, que incrementa los problemas de inseguridad, que tiene una política exterior errática y desconectada de las necesidades sociales y económicas y de nuestros valores democráticos, que ampara dictaduras y autocracias que violan derechos humanos. Este gobierno que acumula retrocesos y fracasos, se preocupa principalmente por la agenda judicial y se encuentra muy enfocado en controlar la justicia.
La lista de iniciativas orientadas a degradar la justicia es interminable: reforma judicial, reforma del Ministerio Público, desbaratamiento del programa de protección de testigos, Comisión Beraldi, reforma del Consejo de la Magistratura y ahora el absurdo de ampliar la Corte a 25 miembros.
La Corte Suprema se constituyó en 1863 y siempre estuvo constituida por cinco integrantes a excepción del período 1960 a 1966, en la que fue ampliada a siete con el argumento del número de causas.
Los hechos demostraron que sumar más jueces al tribunal agravaba el tiempo de tramitación.
Fue un tribunal prestigioso que generó una jurisprudencia respetada y vanguardista.
En la restauración democrática de 1983, el Presidente Alfonsín tuvo el cuidado de conformar una integración plural y con juristas prestigiosos que garantizaron una Corte independiente y respetada.
En 1990, el gobierno del PJ tomó el control político de la Corte al aprobar la Ley 23.774 que amplió el tribunal a nueve jueces. Sobre la base de una renuncia previa y otra, la del Dr. Bacqué que dimitió en repudio a la decisión, el gobierno designó seis nuevos jueces que dieron lugar a una mayoría adicta y automática de 6 sobre 9 que convalidaron todas y cada una de las decisiones del gobierno.
Fue un período oscuro de la historia de la justicia argentina en democracia. Terminó con muchos de esos jueces sometidos a juicio político y la vuelta a un tribunal de cinco jueces en 2006 con la aprobación de la ley 26.183 de autoría de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Hoy, se pretende algo mucho más descarado al proponer un número que no tiene precedentes y que solo se explica sobre la base de repartir los cargos entre gobernadores oficialistas como si la Corte fuera un botín de guerra.
Esa argumentación falazmente federal por parte de un gobierno integrado casi exclusivamente por porteños o bonaerenses, pretende enmascarar la verdadera finalidad de la iniciativa que no es otra que convertir a la Corte Suprema en un apéndice del gobierno y garantizar que los funcionarios sometidos a enjuiciamiento por corrupción puedan zafar de rendir cuentas a la justicia y de cumplur las condenas que deberían afrontar.
El pueblo argentino no va a tolerar otra Corte de mayoría automática. Si hoy el Senado aprueba este proyecto desastroso, la iniciativa debe correr la misma suerte que todas las otras iniciativas vinculadas a la justicia que promueve este gobierno: deberá quedar archivada sin pena ni gloria, o rechazada, en la Cámara de Diputados. Para que se cumpla la idea básica de la democracia: que todos seamos iguales ante la ley.
