En el día de ayer, 23 de enero, tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos (CDH), en Ginebra, el “Examen Periódico Universal” (EPU), sobre la Argentina.
En ese informe, el Secretario de Derechos Humanos, Pietragalla, entre otras cuestiones, menciona al “lawfare” o guerra jurídica contra Cristina Fernández de Kirchner. Se sostiene que dicha práctica “es impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático con la finalidad de “proscribir” a figuras centrales del escenario político”.
De esta manera, la presentación pone a la Argentina en una situación muy comprometedora al denostar y cuestionar a su propia Justicia y al intentar limitar el derecho de expresión alentando el supuesto repudio al discurso de odio.
Teniendo en cuenta que todos los representantes permanentes tomaron nota del informe y de la intervención del Secretario Pietragalla e informaron a sus respectivas capitales, esta situación también trae aparejados perjuicios económicos en virtud de la obvia cautela que tendrán los potenciales inversores a realizar operaciones en nuestro país sobre la base de una manifiesta inseguridad jurídica indicada por las mismas autoridades nacionales.
