La reciente aprobaci贸n del Protocolo para la designaci贸n y actuaci贸n de agentes encubiertos digitales y agentes reveladores digitales (Resoluci贸n 828/25 del Ministerio de Seguridad) reabre un debate clave sobre los l铆mites entre inteligencia e investigaci贸n criminal.
Desde la Fundaci贸n Alem analizamos el contenido del nuevo protocolo, su encuadre legal y los riesgos que implica la falta de control judicial en determinadas figuras operativas. El documento advierte sobre posibles usos indebidos que vulneran el marco normativo vigente y debilitan la legitimidad de las herramientas de investigaci贸n en democracia.
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