El pasado jueves 3 de septiembre nos reunimos para escuchar a nuestros correligionarios de Santiago del Estero, quienes expusieron sobre la grave situación institucional que atraviesa la provincia.
Durante más de una hora nos contaron sobre el mal funcionamiento de las instituciones democráticas provinciales destacando un punto en común: la cuarentena agravó y desnudó una realidad que es previa y que está instalada en Santiago del Estero: la violencia institucional y la dependencia de la justicia con el poder político.
“La ciudad de La Banda, a octubre de 2019, tenía un 45% de pobreza. La situación no dista mucho de la de otras ciudades de la provincia”, dijo César Mattar, militante radical de la ciudad de La Banda.
“Quien diga que la grave situación de violencia institucional en Santiago del Estero es nueva, está faltando a la verdad”, dijo el Diputado Provincial, Gerardo Floridia.
“Es responsabilidad del Estado Provincial garantizar que las fuerzas de seguridad respeten las normas internacionales y nacionales de derechos humanos”, dijo la abogada y docente de Santiago del Estero, Natalia Neme.
Agregó: “A nivel provincial propongo la presentación de un proyecto que establezca mecanismos locales con autonomía y con facultades para canalizar las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, pedir informes, ingresar a lugares de detención, tal como exigen la ley nacional y los tratados internacionales.”
Hady Luna es psicopedagoga e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la OTR de Santiago del Estero. Fue quien enumeró una lista de casos de gravedad que sucedieron en los últimos meses: “La muerte de Mauro Coronel que fue detenido por la policía en la comisaría décima de Santiago del Estero y falleció unos días después a causa de los golpes; el operativo policial por el cual se tomaron datos de más de 200 vehículos de trabajadores de la salud que se habían organizado para protestar pero no pudieron hacerlo; casos de abandono de persona en los límites provinciales, literalmente al costado de la ruta, ciberpatrullaje: al menos dos personas recibieron cédulas de notificación por haber hecho posteos críticos al gobierno en Facebook. Estos casos y muchos más han sido tan ejemplificadores que hacen que los ciudadanos tengan miedo de expresarse”, sentenció Hady.
Junto a un centenar de dirigentes del radicalismo pudimos escuchar a Patricia Núñez, Diputada Provincial de Santiago del Estero: “Lo que también nos causa mucho pesar es el silencio ensordecedor de los organismos de derechos humanos incluso el de la Iglesia. En todo este tiempo de cuarentena no se han expresado ante el recrudecimiento de la violencia”, dijo.
La concejal de Santiago del Estero, Romina Brandán, advirtió sobre el rol de la justicia provincial para resguardar los intereses del poder político y expuso sobre la falta de representación del radicalismo de la provincia en el Congreso de la Nación.
“En Santiago del Estero no conocemos lo que es el Estado de Derecho”, dijo Eduardo Alagastino, militante del Partido Socialista y trabajador judicial.
La Diputada Nacional, Karina Banfi, puso a disposición su colaboración desde el Congreso de la Nación para elaborar presentaciones ante organismos internacionales y para seguir el tema de cerca: “Pensé en Alberto Fernández que dice en televisión que le da culpa la Ciudad de Buenos Aires y debería darle culpa Santiago del Estero, donde gobiernan ellos y hacen la vista gorda. Cuando se violan los derechos humanos se está atacando a la democracia y ahí tenemos que reaccionar todos”.
Seguiremos abriendo espacios para visibilizar y acompañar estos reclamos.
