El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de flexibilización del acceso a las armas que implica un grave retroceso en materia de seguridad pública. Revierte más de tres décadas de políticas que redujeron la tasa de homicidios en Argentina a una de las más bajas de América Latina. El Gobierno pone en riesgo la seguridad ciudadana y la paz social, favoreciendo un escenario de mayor violencia y letalidad.
El Gobierno de Javier Milei viene implementando una serie de modificaciones tendientes a una mayor flexibilidad legal en materia de comercialización, tenencia y portación de armas. Una primera reforma fue la discolución de la “Agencia Nacional de Materiales Controlados” (ANMaC), creada por ley 27.192 (2015), y su remplazo por el Registro Nacional de Armas (RENAR), que ya había sido sustituido por la ley mencionada.
Lo que parece un sutil cambio de nombre no lo es: mientras (ANMaC), como organismo “descentralizado”, gozaba de personería jurídica que le permitía mayor autonomía política en el cumplimiento de sus objetivos tales como el “desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada”, “el desarrollo de políticas tendientes a la destrucción de los materiales controlados” y el “desarrollo de acciones que propendan a la disminución de la violencia con armas de fuego”, entre otros, el nuevo ex-RENAR se le ha dado carácter de organismo “desconcentrado” perdiendo así su personería jurídica, lo que conlleva la reducción de autonomía política para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos mencionados.
A esta modificación se agregan otros decretos. El primero de ellos es el 397/2025 que autoriza la “adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto […]”. Esto implica dar marcha atrás con una decisión de mas de 30 años mediante la cual se había prohibido “a los legítimos usuarios de armas de fuego la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon simil fusiles”.
Evidentemente esta decisión no alcanzó a satisfacer los intereses que se mueven detrás de la venta de armas. Recientemente el RENAR (que ya no necesita ni pretende cumplir con el “objetivo de reducir el circulante de armas”) permitió la resolución 37/2025 mediante la cual “los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional o las Entidades de Tiro que soliciten autorización para la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR deberán cumplir con los siguientes recaudos […]”, lo que en los hechos implica la autorización explicita de adquisición de dichas armas, mayormente de uso militar y ni siquiera de uso policial habitual.
Las políticas restrictivas que se fueron aplicando a partir del año 2000 por todos los gobiernos que se sucedieron desde entonces tenía un claro objetivo: bajar las muy elevadas tasas de homicidios que sacudieron nuestro país a principios de siglo, la que llegó en el año 2002 a 9,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Para que pueda dimensionarse, en Santa Fe en el año 2016 (su peor momento) la tasa llego a ser de 13,2.
Hoy nuestro país, con una tasa de 3,8 homicidios cada 100.000 habitantes, tiene una de las tasas más bajas de Latinoamérica. Inclusive se encuentra por debajo de los niveles de homicidios de EE.UU. ¿Qué puede explicar que tengamos una baja tasa en una región con los niveles de violencia más altos del mundo? ¿Qué hicimos diferente a los demás países?
Una de las pocas políticas públicas de los últimos años que se continuó en distintos gobiernos y dio resultados fue la tendiente a restringir la circulación de armas en la ciudadanía.
Existe una clara correlación entre leyes más laxas con la tenencia de armas y mayor violencia. Distintos estudios muestran que países con leyes estrictas de control de armas (como Japón, Australia, Reino Unido) generalmente tienen mucho más bajas tasas de homicidio con armas de fuego y violencia social que países con leyes más permisivas, como es el caso de Estados Unidos.
Se suele citar el caso de Australia: Tras la masacre de Port Arthur en 1996, Australia implementó un estricto programa de compra de armas y leyes más duras. Los estudios muestran una disminución significativa en los homicidios con armas de fuego y, crucialmente, una aceleración en la tasa de disminución de los suicidios con armas de fuego. Esto sugiere que el acceso fácil a un método letal puede aumentar la letalidad de actos impulsivos.
En Estados Unidos se suelen comparar estados con leyes más restrictivas (como California o Nueva York) con estados con leyes muy laxas (como Missouri o Arizona) y han encontrado que la facilidad de acceso se correlaciona con mayores tasas de homicidios, y la eliminación de requisitos de permisos (“Leyes de Portación Sin Permiso” o “Constitutional Carry”) se ha asociado con un aumento en delitos violentos. También se citan las leyes de “Risk Gun Laws” (Leyes de Armas de Riesgo), que permiten retirar armas temporalmente a personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros, se asocian con reducciones en los suicidios.
Es evidente ya que las leyes laxas facilitan que las armas lleguen a manos de personas con intenciones criminales, aumentan la letalidad en conflictos interpersonales (una discusión que podría terminar en golpes termina en un disparo) y alimentan el ciclo de violencia armada.
Los argumentos a favor de flexibilizar la circulación de armas van desde el “derecho a defenderse” o a que “los criminales no portan armas legalmente registradas”. Falacias, si consideramos que la naturaleza misma del “contrato social hobbesiano” deposita en el Estado (Leviatán) la responsabilidad de protegernos, porque de lo contrarios fácilmente podríamos volver al estado de naturaleza en donde prevalece un todos contra todos en pos de la supervivencia.
En segundo lugar, si bien es cierto que los criminales no portan armas registradas legalmente, el argumento se cae cuando advertimos que todas las armas salen de sus fabricas en forma legal y registrada, y que, por distintos motivos, entre ellos el aumento de la circulación de estas, terminan cayendo en manos de los delincuentes.
Con las nuevas normas de flexibilización en materias de armas el gobierno del Presidente Milei se alinea a posiciones extremistas y cede frente al reclamo de la industria armamentística sin advertir que dichas medidas nos pueden devolver a las tasas de homicidios de inicio de siglo.
Esta nueva normativa tiene la capacidad de actuar como un “facilitador” o “amplificador” de la letalidad de la violencia en una sociedad ya agobiada por otros temas, especialmente cuando interactúa con otros factores de riesgo sociales y económicos.
