La promoción de las ideas de Walter Block por parte del Presidente de la Nación -ideas que defienden y justifican a proxenetas, el chantajismo, el tráfico de drogas, la esclavitud, el derecho a discriminar, el acoso sexual- da vergüenza y resulta ofensivo, creemos, para todos los argentinos. Un presidente no puede promover ideas tan nefastas. Y el gabinete entero lo acompañó complaciente. Una situación, y una imagen, patéticas.
En el libro promocionado se justifica, también, el trabajo infantil irrestricto y la mercantilización de personas menores de edad. Esto constituye una grave amenaza a los principios básicos del Estado de Derecho, a la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada con jerarquía constitucional en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional- y a la Ley 26.061 que crea el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente en nuestro país.
El trabajo infantil no es una expresión de libertad. Es una forma de explotación. Niega a niñas y niños su derecho a la educación, al desarrollo pleno y a la salud física y mental. Perpetúa ciclos estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión social.
La Argentina asumió compromisos claros, expresos y jurídicamente obligatorios para la erradicación del trabajo infantil. Nuestro país cuenta con un marco normativo contundente que recepta los Convenios N.º 138, 182 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con jerarquía supralegal, los cuales establecen la prohibición del trabajo infantil y la obligación indelegable del Estado de garantizar la educación, el cuidado y la protección integral de la infancia.
Cualquier doctrina que relativice estos principios bajo el argumento de la “libertad contractual” desconoce que niñas y niños no son sujetos plenamente autónomos en el mercado, sino personas en desarrollo cuya dignidad no es negociable. La libertad no puede ser invocada para legitimar la explotación ni la renuncia a derechos fundamentales.
Resulta especialmente preocupante que el Presidente y sus ministros promocionen autores y obras con concepciones incompatibles con las bases más elementales del orden jurídico vigente y con los consensos democráticos básicos construidos en materia de derechos humanos.
Reafirmamos que no hay libertad auténtica, justicia ni democracia posibles con trabajo infantil. La infancia se cuida, se educa y se protege; no se explota ni se mercantiliza.
