Fundación Alem

Malvinas, seguridad y democracia: una ley que exige otro camino

Documento de la Fundación Alem sobre el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

RESUMEN EJECUTIVO

Reafirmamos de manera inequívoca e irrenunciable la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Sostenemos que su recuperación pacífica, de acuerdo al derecho internacional y a la Constitución Nacional, debe constituir una política de Estado permanente de la Nación Argentina.

Precisamente por la importancia del tema, consideramos que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional debe tener una revisión profunda. La iniciativa excede ampliamente la cuestión Malvinas y reforma, bajo una misma norma, aspectos centrales de la Defensa, la Seguridad Interior, la Inteligencia, la legislación penal, las inversiones extranjeras y distintas materias económicas.

Desde una perspectiva republicana, una de las principales objeciones es la concentración de atribuciones en el Consejo de Seguridad Nacional bajo conducción presidencial. El organismo tendría participación en la identificación de amenazas, la planificación, la investigación administrativa, la aplicación de sanciones, las medidas urgentes y la evaluación de inversiones estratégicas. A ello se suma el uso de conceptos amplios como “amenaza”, “riesgo”, “daño” o “peligro”, que pueden ampliar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La soberanía debe fortalecerse respetando la Constitución, la división de poderes, el debido proceso y las libertades públicas.

La cuestión Malvinas posee además una singularidad jurídica, histórica y diplomática que debe preservarse. Integrarla en una arquitectura que, a la vez regula terrorismo, inteligencia, crimen transnacional y seguridad económica puede diluir esa especificidad. Endurecer sanciones tampoco equivale a ejercer soberanía efectiva: se necesitan capacidades diplomáticas, científicas, navales, aéreas y de vigilancia, con presupuesto, planificación y organismos responsables.

Consideramos necesario modernizar la política de Seguridad Nacional y actualizar las normas de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia frente a amenazas cibernéticas, híbridas y transnacionales. Pero esa modernización debe preservar la diferenciación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Las nuevas amenazas exigen definir con precisión qué organismo interviene, con qué instrumentos y bajo qué condiciones.

La seguridad nacional puede justificar mecanismos específicos de protección de sectores estratégicos, pero éstos deben basarse en reglas previsibles, criterios objetivos y controles efectivos. La incertidumbre regulatoria puede desalentar inversiones, aumentar costos y generar litigios, mientras que nuevas responsabilidades estatales requieren financiamiento y capacidades reales.

Frente a estas objeciones, proponemos separar la cuestión Malvinas del debate general sobre Seguridad Nacional, impulsar una ley específica de afirmación de la soberanía sobre Malvinas y los recursos del Atlántico Sur y, paralelamente, debatir una moderna Ley de Seguridad Nacional. También proponemos fortalecer los controles parlamentarios y judiciales y establecer una Estrategia de Seguridad Nacional presentada periódicamente al Congreso. La Argentina necesita más estrategia, mejores capacidades y controles democráticos más sólidos.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional abre un debate que excede ampliamente la cuestión Malvinas y alcanza aspectos centrales de la organización del Estado, la Defensa, la Seguridad, la Inteligencia y la economía.

Desde la Fundación Alem consideramos necesario analizarlo con profundidad, no sólo por los objetivos que declara sino por los instrumentos que propone, sus efectos institucionales y las capacidades reales para llevarlos adelante. En este documento examinamos sus principales implicancias para la libertad y la democracia, la defensa efectiva de la soberanía, la seguridad y la defensa nacional, y el desarrollo económico, y planteamos una alternativa basada en instituciones republicanas, competencias claras, capacidades estatales efectivas y amplios consensos políticos.

 1. Una ley que excede ampliamente la cuestión Malvinas

  • El proyecto de ley que tiene dictamen de mayoría reforma simultáneamente las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior, Inteligencia Nacional y Financiamiento de los Partidos Políticos, además de la legislación penal y los regímenes vinculados con terrorismo, finanzas, comercio exterior y tiene impacto sobre otras materias económicas como las inversiones extranjeras. Es un proyecto que excede por mucho la actualización del régimen de protección de los recursos naturales del Atlántico Sur.
  • El consenso sobre la soberanía no debe clausurar el debate sobre los instrumentos. Cuanto más importante es el objetivo, mayor debe ser el cuidado institucional.
  • La protección de los recursos del Atlántico Sur y la modernización de la Seguridad Nacional merecen debates específicos, profundos y capaces de construir amplios consensos. No deben aprobarse en una única ley ni quedar sujetos a una mayoría circunstancial.
  • La heterogeneidad del proyecto dificulta evaluar cada herramienta por sus propios méritos y riesgos. Lleva a superposiciones entre Defensa, Seguridad, Inteligencia, política exterior y regulación económica.
  • En este tema no puede tener lugar la demagogia o la especulación electoral de coyuntura. Una política de Estado sobre soberanía requiere claridad normativa, amplios consensos y estabilidad institucional. Una acumulación apresurada de competencias diferentes va directamente en contra de los elementos históricamente más sólidos de la estrategia argentina para recuperar las Malvinas, y se puede inscribir en la cronología histórica de los errores que nos alejan de la recuperación de la soberanía sobre las islas.

2. Por qué es inconveniente para la libertad y la democracia

  • El respeto por la Constitución y el control parlamentario son condiciones de una soberanía democrática, no obstáculos para su defensa.
  • Un objetivo legítimo no vuelve legítimo cualquier instrumento. Las medidas deben ser necesarias, proporcionales y estar sometidas a controles.
  • El principal problema institucional es la concentración de atribuciones en el Consejo de Seguridad Nacional, bajo conducción del Presidente de la Nación. El Consejo no se limita a asesorar: participa en planificación, identificación de amenazas, investigación administrativa, sanciones, medidas urgentes y evaluación de inversiones estratégicas.
  • Rechazamos la conformación del Consejo de Seguridad Nacional en los términos propuestos. Bajo la conducción del Presidente, concentra facultades excesivas en un marco normativo atravesado por conceptos amplios, fórmulas abstractas e imprecisiones que aumentan la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Invocar la causa Malvinas no puede justificar el debilitamiento de los controles parlamentarios ni de los principios elementales de la República. Cuando la ley no define con precisión los límites del poder estatal, genera incertidumbre y puede convertirse en una amenaza para los derechos de cualquier ciudadano.
  • La combinación de funciones de definición política, investigación y sanción debilita una regla republicana elemental: quien define la amenaza no debería concentrar también facultades extraordinarias para investigarla, sancionarla y restringir derechos.
  • El dictamen incorpora una Comisión Bicameral, pero sus facultades son fundamentalmente posteriores. No cuenta con instrumentos equivalentes a una autorización previa, veto suspensivo o revocación vinculante de las decisiones del Consejo.
  • Las llamadas “medidas urgentes” permiten afectar operaciones económicas, activos, permisos, contratos y otras situaciones jurídicas antes de que concluya el procedimiento ordinario. Cuanto mayor es la intensidad de una potestad estatal, más inmediatos y efectivos deben ser sus controles.
  • La utilización reiterada de conceptos amplios como “amenaza”, “riesgo”, “daño” o “peligro”, sin definiciones precisas, debilita la calidad de la norma y amplía el margen de interpretación del Poder Ejecutivo. Son materias que pueden afectar derechos y garantías. Los límites legales deben ser claros, previsibles y precisos.
  • El debate parlamentario introdujo mejoras importantes en materia de libertad de expresión. Se eliminó la figura original de “desinformación masiva” y se incorporaron salvaguardas expresas para el periodismo, la investigación científica y la actividad académica. Esto demuestra la necesidad de un tratamiento legislativo profundo y amplio, sin apuros por mala interpretación de la coyuntura.
  • Aun con esas mejoras, la figura de “injerencia extranjera” debe estar delimitada con máxima precisión. En lo que hace al vínculo con actores extranjeros, y también con las conductas alcanzadas. Esa figura nos genera muchas dudas. Hay que evitar interpretaciones expansivas que puedan afectar la actividad político partidaria, de los sindicatos, del periodismo, la actividad académica, la actividad de las organizaciones sociales, entre otros. En definitiva, hay que preservar siempre la debida libertad que está garantizada en nuestra Constitución.
  • La regulación de amenazas externas y operaciones de influencia es necesaria en las democracias contemporáneas, pero debe construirse de manera compatible con libertad de expresión, debido proceso, legalidad penal y control parlamentario efectivo.
  • Una buena legislación de seguridad debe estar diseñada para quien gobierna hoy pero también en las facultades que recibirán todos los gobiernos futuros.

3. Por qué es inconveniente para la soberanía

  • La cuestión Malvinas debe manejase con una estrategia nacional y de continuidad entre gobiernos, no quedar subordinada a una reforma más amplia y controvertida de la seguridad y la inteligencia.
  • El atlántico sur adquiere cada vez mas importancia estratégica como acceso a la Antártida. También como pasaje interoceánico. Es importante, además, en materia de recursos naturales pesqueros y como potencial fuente de hidrocarburos, teniendo en cuenta la extensión de la plataforma continental argentina.
  • La Cuestión Malvinas tiene una naturaleza específica: es una disputa internacional de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del sur y sus espacios maritimos circundantes , reconocida en los foros internacionales, basada en resoluciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Su tratamiento debe preservar esa singularidad jurídica y diplomática.
  • Integrar la cuestión Malvinas dentro de una arquitectura que simultáneamente regula terrorismo, crimen transnacional, inteligencia, seguridad económica e infraestructura crítica puede diluir la especificidad internacional del reclamo argentino.
  • La afirmación de soberanía debe combinar firmeza jurídica con una estrategia diplomática coherente, sostenida y capaz de acumular respaldo internacional.
  • Sancionar no equivale automáticamente a ejercer soberanía efectiva. El régimen sancionatorio debe evaluarse también por su posibilidad real de aplicación sobre empresas, proveedores y actores que no tengan activos o intereses relevantes bajo jurisdicción argentina.
  • Una política sobre los recursos naturales del Atlántico Sur necesita instrumentos jurídicos, diplomáticos, científicos, navales, aéreos y de vigilancia. La legislación no sustituye las capacidades estatales.
  • El proyecto crea obligaciones y endurece sanciones sin acompañarlas de una estrategia presupuestaria suficiente para recuperar capacidades de vigilancia, presencia marítima y control efectivo.
  • Cada nueva misión del Estado debe contar con recursos, etapas de implementación y organismos claramente responsables. Sin capacidades y responsabilidades definidas, las nuevas obligaciones pueden quedar en declaraciones sin aplicación efectiva.
  • Las medidas que generen conflictos innecesarios con terceros Estados o empresas internacionales pueden producir costos diplomáticos sin modificar efectivamente la situación en el territorio en disputa. Lejos de eso, debilita la popularidad del reclamo en el ámbito internacional.
  • La defensa de Malvinas no debe convertirse en cobertura para aprobar transformaciones institucionales que no guardan una relación necesaria con la cuestión.
  • Una alternativa más consistente sería una Ley de Afirmación de la Soberanía sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur, específica, ampliamente consensuada y vinculada directamente con la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución.

4. Por qué es inconveniente para la seguridad y la defensa

  • Estamos a favor de debatir una Ley de Seguridad Nacional y modernizar las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia para enfrentar los desafíos actuales. Esa modernización debe preservar los principios democráticos que dieron origen a esas normas, empezando por la diferenciación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.
  • Modernizar debe significar precisar responsabilidades y mejorar la coordinación entre organismos, no confundir ni superponer competencias.
  • El dictamen amplía el concepto tradicional de agresión externa hacia “riesgos, amenazas y desafíos de origen externo”, estatales o no estatales, cinéticos o no cinéticos. Las amenazas contemporáneas efectivamente incluyen dimensiones cibernéticas, híbridas y transnacionales. El problema es definir con claridad qué organismo interviene, con qué instrumentos y bajo qué condiciones.
  • La amplitud de las nuevas categorías genera zonas grises entre las misiones de las Fuerzas Armadas y las responsabilidades de las fuerzas de seguridad.
  • La incorporación de Gendarmería y Prefectura en determinados esquemas vinculados con Defensa exige preservar con precisión sus cadenas de mando y sus funciones bajo la Ley de Seguridad Interior.
  • La protección de infraestructura crítica es una necesidad real. Pero la localización de una infraestructura dentro del territorio nacional no convierte automáticamente su protección en una misión militar.
  • Las Fuerzas Armadas están organizadas, equipadas y entrenadas prioritariamente para la Defensa Nacional. Su empleo en tareas policiales o de investigación criminal puede deteriorar su preparación principal y generar riesgos jurídicos para sus integrantes.
  • El combate al narcotráfico y al crimen organizado requiere inteligencia criminal, investigación judicial, capacidades financieras, coordinación policial y cooperación internacional. El instrumento militar no reemplaza esas capacidades.
  • El régimen aeroespacial y marítimo necesita reglas de empeñamiento inequívocas, cadenas claras de responsabilidad y criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, particularmente ante decisiones irreversibles.
  • La seguridad nacional se fortalece cuando cada organismo sabe qué debe hacer, dispone de capacidad para hacerlo y responde ante controles democráticos claros.

5. Por qué es inconveniente para la economía y el desarrollo

  • El dictamen otorga al Consejo de Seguridad Nacional facultades de intervención económica de gran intensidad, incluyendo restricciones sobre operaciones financieras, contratos, permisos, beneficios estatales y determinadas operaciones de comercio exterior.
  • La seguridad económica es una dimensión legítima de la política de seguridad nacional. Pero debe diseñarse con reglas previsibles, criterios objetivos y mecanismos de revisión que reduzcan la discrecionalidad.
  • El nuevo régimen de control de inversiones extranjeras puede cumplir una función válida para proteger sectores estratégicos, pero necesita definiciones precisas sobre riesgo de seguridad, control societario e influencia determinante.
  • La incertidumbre regulatoria puede desalentar inversiones legítimas, aumentar costos y generar litigios. Sin producir mejoras en la seguridad nacional y nuestros legítimos reclamos.
  • Debe evitarse que herramientas concebidas para enfrentar riesgos estratégicos se transformen en instrumentos discrecionales de intervención económica.
  • El proyecto crea, además, nuevas obligaciones costosas como vigilancia marítima y aeroespacial, ciberseguridad, infraestructura crítica, fiscalización e inteligencia sin una estimación suficiente de costos, cronograma de implementación ni fuente estable de financiamiento.
  • Una ley que amplía responsabilidades estatales sin proveer las capacidades necesarias corre el riesgo de generar más burocracia normativa y menos seguridad efectiva.

6. Nuestras propuestas

Desde la Fundación Alem planteamos, en distintas oportunidades, la necesidad de contar con una Ley de Seguridad Nacional que, sin repetir errores del pasado, fortalezca las capacidades del Estado argentino para garantizar su continuidad, su soberanía y sus instituciones democráticas.

En ese sentido, proponemos:

  • Separar la cuestión Malvinas del debate general sobre Seguridad Nacional.
  • Impulsar una Ley de Afirmación de la Soberanía sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur, específica, ampliamente consensuada y vinculada directamente con la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
  • Abrir por separado un debate moderno sobre Seguridad Nacional que incorpore ciberseguridad, amenazas híbridas, infraestructura crítica e injerencia extranjera.
  • Preservar la distinción democrática entre Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia. Que se definan claramente las zonas de coordinación entre ellas.
  • Transformar al Consejo de Seguridad Nacional prioritariamente en una instancia de coordinación estratégica, evitando la concentración innecesaria de funciones regulatorias, investigativas y sancionatorias.
  • Incorporar controles parlamentarios y judiciales acordes con la intensidad de cada facultad, especialmente frente a medidas que puedan afectar derechos o producir consecuencias económicas difíciles de revertir.
  • Definir legal y claramente los conceptos centrales de amenaza, riesgo, peligro y daño.
  • Establecer reglas objetivas y transparentes para la revisión de inversiones estratégicas.
  • Incorporar una memoria de capacidades y costos: personal requerido, equipamiento, presupuesto, etapas y organismos responsables.
  • Establecer una Estrategia de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá presentar anualmente al Congreso de la Nación una Estrategia de Seguridad Nacional que explicite la visión geopolítica de la Argentina, identifique los intereses vitales del país, establezca un diagnóstico de riesgos y amenazas, defina las grandes orientaciones de la política exterior y las alianzas internacionales, y determine los criterios generales para el empleo de las distintas capacidades del poder nacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional debe ser pública en sus lineamientos generales y debatida en el Congreso. Debe servir para dar previsibilidad a la sociedad argentina, a nuestros socios y aliados y a la comunidad internacional sobre cuáles son los intereses, prioridades y principios que orientan la política de seguridad nacional.