Más de 400 radicales legisladores, funcionarias, estudiantes, docentes y militantes nos reunimos para defender al Congreso como el ámbito de distribución del presupuesto de las universidades tal como lo establece la Constitución Nacional.
El gobierno que comenzó en diciembre, rápidamente se respaldó en la vía de la excepcionalidad declarando la emergencia económica, quedándose con facultades propias del Congreso. No remitió el presupuesto para el año 2020 al Congreso e, ilegalmente, delegó en la Jefatura de Gabinete la reasignación de partidas. Usó decretos de necesidad y urgencia hasta que agotó los recursos previstos por el reconducido presupuesto 2019, momento en que recurrió al Congreso para que considere la ampliación presupuestaria.
En este marco, las Universidades Nacionales comenzaron el año bajo fuertes restricciones presupuestarias: la diferencia entre el pedido del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y lo asignado por el PEN fue de un 43,72% menos.
La llegada de la pandemia trajo aparejada la declaración de la “emergencia sanitaria” y con ella, se ampliaron aún más los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo.
Esto provocó el agravamiento de los problemas que ya sufrían las Universidades Nacionales debido al congelamiento total del rubro destinado a gastos de funcionamiento, la falta de consolidación de fondos correspondientes a Contratos Programas que no fueron incluidos en los montos girados, y la eliminación del fondo de 500 millones destinado al financiamiento de Ciencia y Tecnología aprobado durante la gestión anterior.
Esta situación fue planteada sucesivamente por nuestro bloque en la Cámara de Diputados, encontrándose con respuestas evasivas o directamente el silencio.
La semana pasada, de manera intempestiva, el oficialismo ingresó al debate en comisión una propuesta de ampliación de Presupuesto que escondía una maniobra sorpresiva y artera: la eliminación de la Planilla por la que el Congreso aprueba el modo en que se distribuyen los fondos asignados a las universidades nacionales. Sólo se ha detallado un monto global asignado al conjunto, lo que implica que la Presidencia se atribuye una facultad propia del Poder Legislativo, para distribuir arbitrariamente los fondos entre las Universidades a través de la Jefatura de Gabinete.
Esta es una flagrante violación de la autonomía y autarquía universitaria consagradas en la Constitución Nacional, que establece claramente la competencia del Congreso para tales asignaciones.
Las Universidades Nacionales son Autónomas y Autárquicas, según lo establece el Art. 75 inciso 19 de nuestra Constitución Nacional, la cual -además- prohíbe en su Art. 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. El principio de Autonomía Universitaria está establecido con rango constitucional para proteger las intromisiones de los otros Poderes en las legítimas decisiones de las Universidades Nacionales. El principio de autarquía, complementario a la autonomía, garantiza que las Universidades puedan administrar su Presupuesto sin condicionamientos por parte del Poder Ejecutivo.
Durante esta semana el Gobierno buscará la aprobación de esta Ley de ampliación presupuestaria y con ello intentará consagrar un estado de excepcionalidad sin precedentes en la democracia argentina.
El radicalismo ha venido presentando propuestas sobre el financiamiento universitario y ha sido desoído por el bloque oficialista. Ahora, la Unión Cívica Radical alerta para exigir los cambios en el proyecto de presupuesto que impidan la violación del estado de derecho constitucional: debe incorporarse al proyecto la planilla que establece la distribución de fondos entre las Universidades Nacionales.
No hay Autonomía Universitaria sin Presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.
¡Basta de atropellos y arbitrariedades!
