Las fundaciones Pensar (PRO), Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI), y Alem (Unión Cívica Radical), analizamos los avances del kirchnerismo sobre la Justicia durante su primer año de gestión.
Cuando asumió el nuevo Gobierno, se abrió un interrogante acerca de cómo actuaría con relación a la Justicia. La Vicepresidenta y varios ex funcionarios kirchneristas tenían causas en trámite por hechos de corrupción, por lo que había sospechas de que se pretendieran impulsar medidas tendientes a mejorar su situación en los expedientes, eludiendo la aplicación de la ley.
Lamentablemente, esas conjeturas se vieron corroboradas. En medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes, el Gobierno decidió otorgar absoluta prioridad en su agenda a reformas de la Justicia.
A continuación se señalarán los hechos concretos que se han producido en el primer año de gestión, respecto de la administración de Justicia.
En febrero el Presidente derogó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
En marzo se impulsó la intervención federal a la Justicia de Jujuy.
En abril la Secretaría de Derechos Humanos solicitó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y Martín Baez. Además, entre marzo y junio, incitó a la liberación masiva de personas detenidas.
En abril se modificó la ley de Jubilación de Magistrados, lo que provocó la renuncia de decenas de jueces.
En mayo, el oficialismo señaló a magistrados y fiscales acusándolos de haber participado de maniobras de persecución política (lawfare) contra funcionarios kirchneristas.
Desde principios de año, la Oficina Anticorrupción fue renunciando a las querellas que tenía en diversas causas de corrupción. Por ejemplo, en mayo renunció a su participación en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”.
En julio, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de reforma judicial del fuero penal federal de la Capital y de las provincias. La iniciativa obstaculiza la implementación del sistema acusatorio (de funcionamiento exitoso en Salta y Jujuy), carece de toda base empírica, tiene un costo altísimo e irrazonable, y resulta inconstitucional al contrariar la doctrina de la Corte Suprema respecto de los jueces subrogantes.
En el mismo mes de julio, el Gobierno creó un Consejo Consultivo para realizar propuestas de cambios a la Justicia. Sus ejes de trabajo fueron: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Nación, los juicios por jurados y la transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, se instaló la necesidad de reformar instituciones centrales de nuestro sistema judicial y de gran influencia en términos de independencia judicial.
En agosto, el Gobierno inició su avanzada contra los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi, quienes habían intervenido en causas de corrupción contra funcionarios kirchneristas. Finalmente, en noviembre la Corte Suprema decidió que los traslados habían sido válidos pero que no eran permanentes, por lo que ambos jueces deberán permanecer en sus cargos hasta que se realice el concurso de los jueces definitivos.
En ese mismo mes se dio media sanción en el Senado al mencionado proyecto de ley de “Organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias”. Este proyecto fue severamente cuestionado en el ámbito académico, judicial y la sociedad civil. Asimismo, se solicitó el juicio político contra Eduardo Casal, Procurador General de la Nación interino. Se argumentó que había protegido al fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos, entre otros puntos.
A fines de noviembre, obtuvo media sanción el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que implica un claro avance sobre la autonomía del Ministerio Público a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control. Este proyecto:
- Amplía las facultades de la Comisión Bicameral, que pasará de un modelo de seguimiento y control a uno de cogobierno con el Ministerio Público. Esto es inconstitucional porque vulnera la independencia y autonomía funcional del organismo. Con esta indebida injerencia, la Comisión pasaría a entrometerse en atribuciones propias del Ministerio Público decretadas en la Constitución Nacional.
- Debilita al Procurador General y al Ministerio Público Fiscal, que se convertirá en un anexo del Poder Ejecutivo.
- Amplía la participación del oficialismo en el tribunal de enjuiciamiento de fiscales.
El Gobierno ha detenido la implementación del sistema acusatorio y ha suspendido la aprobación de la designación del candidato a Procurador General. Pareciera que se mantendrá así hasta después de que se apruebe la ley que sin dudas debilitará al Ministerio Publico Fiscal en general y a los fiscales en particular.
La principal consecuencia del conjunto de medidas que adoptó el oficialismo en el ámbito judicial fue el debilitamiento de las instituciones y la división de poderes, establecida en la forma de gobierno republicana de la Argentina.
Las propuestas de reforma no son las que necesitan los ciudadanos que acuden a los tribunales. Se puede ver con claridad que estos proyectos no buscan ampliar el acceso a la justicia, mejorar el funcionamiento de los tribunales para reducir los plazos, ni transparentar la administración de justicia.
La agenda judicial del Gobierno procura designar personas en lugares clave, modificar las mayorías y la participación del Poder Ejecutivo en los distintos organismos que integran el Poder Judicial de la Nación, para poder incidir de manera directa en la selección y remoción de magistrados.
La reforma judicial, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios procesados por la Justicia, con apoyo tácito del Presidente, enmascara un plan de impunidad. Busca revertir el avance de las causas judiciales que los involucran, y construir una justicia adicta.
