Ponencia de nuestra Presidenta Lilita Puig en el Ciclo: Desafíos Pre y Post Pandémicos en Argentina e Iberoamérica organizado en conjunto por la Consultora EGES, la Red de Politólogos (SAAP) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
La Argentina conmemoró en diciembre del año pasado 37 años de la restauración de la legalidad constitucional y celebró la continuidad de su régimen democrático.
El Juicio a las Juntas de comandantes que gobernaron desde 1976 hasta 1983, la derrota militar en la guerra de Malvinas y la continuidad de la política que impide la participación militar en cuestiones de seguridad interior sacaron a los militares de aquel rol protagónico que habían jugado en el sistema político entre 1930 y 1983.
Y así la Argentina ha logrado, hasta ahora, evitar que las aventuras golpistas puedan prosperar.
Por ende, la responsabilidad por la situación de la democracia, de su escasa calidad, de su crisis o de su deriva autoritaria está hoy en los partidos políticos y coaliciones de gobierno y de las demás organizaciones civiles.
El sistema de partidos se ha caracterizado por una lógica polarizada, salvo durante el interregno del 2003 al 2015. Actualmente, la competencia política está dominada por dos polos en los que se ubican el Partido Justicialista y una coalición política fundada en 2015 por la Coalición Cívica, Propuesta Republicana y la Unión Cívica Radical.
La conquista del gobierno por parte de Cambiemos en 2015 restauró en el sistema de partidos la dinámica bipartidista.
La culminación del mandato Presidencial en 2020 constituyó un hecho histórico ya que desde 1928 no se registraba que un gobernante no peronista lo terminara. Ello ha permitido creer en la posibilidad de la continuidad de la alternancia democrática.
La polarización electoral y polarización política son rasgos que caracterizan la dinámica de la competencia política en la Argentina desde 1983 mientras que la radicalización de la polarización política, propia de las épocas de los golpes de estado, se ha transformado en una nota de las últimas décadas que ensombrece el rumbo de la democracia de nuestro país.
La polarización electoral propia de las lógicas bipartidistas está incentivada por el sistema electoral del ballotage presidencial y por las restricciones que el modo de elegir a los diputados nacionales impone a los terceros partidos que no han logrado implantarse nacionalmente. Más del 90% de los votantes se ubican nacionalmente en los polos
La polarización electoral sirve para mostrar más claramente a la polarización política, que se refuerza con las elecciones bienales de renovación parlamentaria.
La polarización política o sea la distancia entre posiciones ha estado, principal pero no únicamente, centrada en líderes, siguiendo las tradiciones movimientistas de la Argentina y reforzada en estos tiempos por la simplificación comunicacional y la personalización de la política.
También, la disputa frontal se libra respecto de la valoración de la constitución, de la primacía de la ley, de la rendición de cuentas política e institucional, de la división de poderes, de la libertad de expresión, de las prácticas honestas en la administración del estado. Es decir, de los rasgos fundamentales de una democracia genuina con fundamentos republicanos.
En las últimas décadas, siguiendo los procesos de cambio social, al conflicto que encarnaban los representantes y los partidos políticos se han sumado los ciudadanos que utilizan las redes sociales para manifestar su indignación por los comportamientos o las omisiones de los gobiernos y de los representantes políticos. Sus motivos son tan variados que incluyen desde el reclamo contra los femicidios como la defensa de la independencia de la justicia.
Este proceso de profundización de la polarización política alienta a quienes en los partidos políticos sostienen la necesidad de radicalizar la confrontación, consideran que se debe derrotar a los enemigos cerrándoles por cualquier medio toda posibilidad de acceso al gobierno, fomentan restricciones a la libertad de expresión apoyados en un discurso autoritario y están dispuestos a la manipulación electoral. En ese marco se rehúye cualquier negociación política, se bloquean las investigaciones judiciales sobre los hechos de corrupción y se descalifica toda crítica de los adversarios políticos.
La polarización política que responde a la dinámica bipartidista en el marco de una alternancia posible es funcional a la construcción de una democracia sin adjetivos.
Cuando la polarización política es acompañada de la descalificación absoluta del adversario y acciones que pretenden vetar su acción política se camina en el sentido de la autocracia.
La pandemia y la situación de excepción que se vive desde 2020 permitió visualizar estas regresiones autoritarias en provincias argentinas donde hace años reformas institucionales impuestas por la hegemonía local impiden la alternancia política, reducen la representación de las minorías, restringen las libertades personales a partir del sometimiento de la justicia y debilitan o sofocan a los medios de comunicación independientes.
La polarización política ha tenido sus expresiones institucionales desde 1983 y gradualmente han ido pasando desde una polarización política en la superficie de la competencia entre partidos a episodios extremados, centrados en el debilitamiento de los controles institucionales sobre el poder ejecutivo.
En el inicio de la democracia la confrontación política se manifestó en la falta de acompañamiento de la oposición al Presidente en su política de derechos humanos y en la negociación de la deuda externa heredada de la dictadura.
Pero, desde 1989 la polarización ha tenido sus ejes en la reducción de las competencias de control del Congreso y del Poder Judicial sobre el Presidente.
Los instrumentos utilizados para limitar al Congreso, fundamentalmente, a la Cámara de Diputados que expresa al pluralismo político, han sido los Decretos de Necesidad y Urgencia, las leyes de emergencia económica y otras delegaciones legislativas, y los vetos parciales.
Por el lado de la justicia se ha recurrido a la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la distorsión de la interpretación constitucional en la conformación del Consejo de la Magistratura y hoy se tienen el agenda una ley que daría al partido del gobierno el control sobre la designación y remoción de los miembros del Ministerio Público.
La reducción del papel del Congreso reduce el valor de la representación política y fortalece la tendencia contemporánea a la crisis de la representación con el consecuente costo democrático y riesgo para todos los partidos políticos.
La responsabilidad principal para bajar el riesgo institucional implicado en la radicalización de la polarización política lo tienen quienes gobiernan. Pero, tanto gobierno como oposición deben alejarse de la tentación de llevar adelante una retroalimentación suicida de la confrontación.
El poder no debe tentarse con limitaciones a la libertad de expresión tanto en los medios como en las redes. En tiempos de sociedad fragmentada, de crisis de representación se necesitan todas las voces. Una sociedad tan diversa como la Argentina no debe ser acallada.
Es necesario retroceder en la lógica de la confrontación que no solo debilita a la democracia sino también priva al gobierno del apoyo que la oposición puede brindarle para enfrentar con ideas y propuestas los graves problemas que afronta la argentina.
La Argentina viene fracasando, como otros países, en su política sanitaria frente a la pandemia.
El confinamiento del 2020 no pudo evitar que el país se ubique junto a Perú, Irak, Bahamas y Panamá entre los países con mayor caída de la actividad económica y elevados muertos por millón de habitantes. A fines de marzo sólo contaba con un nivel de vacunación del 7%. Su deteriorado sistema educativo ha retrocedido en la medida del millón y medio de chicos que se perdieron de la escuela durante el 2020. Se incrementó exponencialmente la pobreza y el desempleo. Y nuestra economía internacionalmente endeudada no crece hace décadas.
Se necesita negociación institucionalizada en el marco de la Constitución, colaboración entre los poderes, cooperación política y contar con toda la inteligencia disponible para salir del estancamiento y la enorme desigualdad social en la que estamos inmersos.
