La amenaza de auditoría ideológica a los diplomáticos es contraria a la Constitución Nacional y disimula la falta de capacidad del gobierno de definir y gestionar la política exterior
La reciente declaración del Sr. Presidente Milei respecto a que “iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad” es una amenaza de inicio de caza de brujas y purga ideológica.
Lo hace sobre un cuerpo profesional con formación de excelencia. Los diplomáticos tienen la responsabilidad de implementar la política exterior del país cumpliendo con la ley del servicio exterior cuya piedra basal es el cumplimiento de las instrucciones. En este caso no fallan los ejecutores sino la definición de la política exterior.
Falla la definición de política exterior cuando los alineamientos ideológicos avasallan el derecho internacional público.
Falla la definición de la política exterior cuando se retira a la Argentina de agendas consensuadas y compartidas con las democracias occidentales más sólidas y prestigiosas como la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro.
En suma, la amenaza de auditoría ideológica es contraria al art. 19 de la Constitución Nacional, que sostiene: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…” y constituye una forma de disimular la incapacidad del gobierno para gestionar la política exterior.
Fundación Alem
