Buenos Aires, Martes 13 de agosto de 2024
Por nuestro equipo de Infancias y Adolescencias
A fines de 2023 el país presentaba un sistema de protección a la niñez debilitado, cuyas políticas eran muy deficientes. El severo ajuste instrumentado por el nuevo gobierno incrementó la incapacidad de las políticas que atienden la situación de pobreza e indigencia, lo que impacta críticamente en la vida de los más chicos.
Para finales del año 2023, el 58,5% de los niños, niñas y adolescentes vivían en condiciones de pobreza, y el 18,9%, en situación de pobreza extrema o indigencia. Se estima que actualmente el 70 % de los niños son pobres.
Las proyecciones indican que durante el primer trimestre de 2024 la pobreza urbana alcanzaba al 54.9% y la indigencia al 20.3% de la población, lo que representa un salto del 16,2% y del 11 % respectivamente en comparación con el mismo trimestre de 2023.
Esto significa que hay 4,9 millones de personas que pasaron a ser pobres y 3,4 millones que pasaron a vivir en hogares indigentes. Las políticas de ajuste instrumentadas por el actual gobierno se realizan en medio de una alta inflación, una visible recesión y un impacto en el mercado laboral, que indica un crecimiento de la desocupación del 7,7% en el primer trimestre de 2024 (INDEC). En el mismo período el indicador social desmejoró el 5,7% respecto del 2023.
En Argentina los niños y adolescentes crecen, cada vez más, en hogares donde los ingresos no alcanzan para adquirir los bienes y servicios básicos para la existencia.
En acuerdo con el gobierno anterior encabezado por Alberto Fernández, el actual gobierno del Presidente Javier Milei decidió gobernar sin presupuesto. El que está vigente es una prórroga del 2023. Es inadecuado tan solo por los efectos de la inflación. A esto se le suma los problemas de subejecución presupuestaria de varios programas, que en el caso de las políticas de niñez y adolescencia son fundamentales para el desarrollo infantil y para la atención de quienes se encuentran en situación de pobreza e indigencia.
Dos de estos programas son claves: Políticas Alimentarias y Primera Infancia. En el caso del Programa de Políticas Alimentarias, ha tenido una variación presupuestaria de tan solo del 14,0% ($ 890.580 a $ 948.975), lo que representa una reducción interanual del 22,2%. Adherimos en un todo que existan criterios de transparencia y que se realicen las auditorías necesarias. Sin embargo, deben quedar claros los procedimientos de acceso directo de la población, los de elegibilidad de las organizaciones sociales que brindan la prestación, como el monitoreo y evaluación de la ejecución de los convenios que el gobierno ha anunciado.
Los programas de transferencia monetaria son vitales para atender los derechos integralmente. Llegan en forma directa a los grupos familiares. La AUH se incrementó sustantivamente, pero no es suficiente para detener la creciente pobreza e indigencia. La Prestación Alimentar -que es el programa más importante para atender la seguridad alimentaria- muestra claramente niveles de crecimiento inferiores al incremento de los precios al consumidor, y los aumentos de tarifas que siguen implementándose impactan en la cocina hogareña. El programa Políticas Alimentarias tuvo un incremento nominal del 128,6%. Sin embargo, los fondos destinados a la Prestación Alimentar durante el período enero-julio cayeron en términos reales un 14,8%, en comparación con el mismo período 2023. Tomando como referencia la ejecución presupuestaria alcanzada durante el ejercicio 2023 y las proyecciones de inflación para el resto de 2024,-de no mediar nuevas ampliaciones- los fondos destinados a esta actividad tendrían un recorte cercano al 24%.
Otra programa que preocupa es el de Apoyo a la Primera Infancia. La falta de adecuación presupuestaria produjo una fuerte reducción interanual del 77,4%, además un extremadamente bajo nivel de ejecución que sólo es del 27,4 %. En el mismo sentido, los recursos destinados desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para la Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia, también presentan una caída interanual del 54,8%.
La reducción presupuestaria también se instrumenta en el ámbito de la Secretaría de Educación. El programa de fortalecimiento edilicio a los jardines infantiles presenta una variación interanual negativa del 95 % y un nivel de ejecución del 6,55%. Las políticas destinadas específicamente a los adolescentes también se ven afectadas. Como ejemplo ponemos el caso del Programa Gestión y Asignación de Becas de Estudiantes, que tiene una baja ejecución de tan solo del 40,8 % y una acentuada reducción interanual del 64,4%.
Ante estas cifras, debe preocupar en qué términos se realizará la discusión presupuestaria 2025. Solicitamos con urgencia reajustar el presupuesto para la segunda mitad del presente año. Advirtiendo que tanto la reducción presupuestaria como la falta de ejecución de los presupuestos actuales afecta la atención diaria de los niños y obtura la gestión administrativa por la falta de recursos de insumos imprescindibles y por todo tipo de demoras. Esto incidirá de forma directa en la fijación de los pisos para la discusión del presupuesto 2025, lo que aumenta el riesgo de perder los escasos recursos que hoy se disponen.
De no modificarse esta situación, advertimos que el gobierno nacional se prestaría a realizar un nuevo ajuste en las políticas sociales y que este ajuste recaerá principalmente en la calidad de vida de los niños pobres. Bajo el argumento de la baja o por la nula ejecución de los programas, subyace la decisión política de discontinuarlos.
La consideración implícita es indolente: quienes transitan situaciones de pobreza e indigencia son susceptibles de realizar el mismo esfuerzo que el resto de la población. El ajuste fiscal es una cruzada para este gobierno, que pone en un plano de igualdad a todas las políticas y todos los niveles sociales, sin evaluar prioridades ni las consecuencias en la población. No se puede ignorar cómo viven los niños, niñas u adolescentes de nuestro país.
Lejos de ir contra la política que se ha servido de los privilegios como señalan, se atenta directamente contra todas las personas que viven o vivieron de su trabajo, o que buscan tenerlo. De quienes estudian para beneficio propio y de su país. De las jefas de hogar. De quienes crían a sus hijos e hijas y merecen tener un techo estable. Sólo un estado moderno, dinámico, justo y que busque aminorar la desigualdad podrá lograr las reformas que hacen al bienestar presente y futuro de toda su población.
Fundación Alem
